La transparencia fomenta la honestidad en el servicio público, combate y previene la corrupción, promueve la responsabilidad en las instituciones y la eficacia en la gestión pública, sostuvo la diputada Arely Madrid Tovilla, presidenta de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al participar en la 54 Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, celebrada en Mérida, Yucatán.
En la Mesa orientada a la reflexión sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el ámbito de los Órganos Fiscalizadores, la legisladora chiapaneca destacó la importancia del legado que han dejado a México como legisladores, con la aprobación de 29 reformas constitucionales de gran calado, entre las que destaca la reforma en materia de transparencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del año pasado.
Esta, representa “la reforma estructural” de las reformas estructurales, sostuvo ante titulares de las Contralorías de los estados de la República, el secretario de la Función Pública y Presidente de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, Maestro Virgilio Andrade Martínez; el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello; los también conferencistas en el acto el Gobernador de Tlaxcala, el Senador Burgos, Luis Carlos Ugalde; el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez y el periodista Sergio Sarmiento, quien fue el moderador.
Tras agradecer la invitación que le hizo el Coordinador Nacional, Juan Pablo Yamuni Robles y del Coordinador Nacional Suplente “A”, Miguel Antonio Fernández Vargas, de la Comisión Permanente, señaló que con esta ley los Poderes de la Unión refrendaron el compromiso que se tiene con la ciudadanía en la construcción de una gobernabilidad más democrática.
Asimismo, dijo que fue clara la voluntad del Gobierno de la República en la implementación de esta reforma, toda vez que para la conformación de la Ley resultó fundamental la aportación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; la valiosa participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, así como el común acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país, sin los cuales no se podría haber logrado nada.
El esfuerzo conjunto entre Poderes de la Unión y sociedad permitió no sólo la conformación de un ordenamiento de altos estándares internacionales, sino también un marco jurídico con plena legitimidad y aceptación.
Con esta Ley se fortalecen y amplían los mecanismos de acceso a la información que ahora tendrán aplicación nacional, pues al ser una normativa general, se homologan los principios, bases generales y procedimientos en todas las entidades de la República; eso es lo más novedoso de esta reforma.
El acceso a la información se convierte en un auténtico derecho humano al regularse como aquel que tiene toda persona por igual, sin que se le pueda discriminar por motivo alguno; su ejercicio no queda condicionado a que el solicitante acredite su interés o justifique su utilización, ni tampoco por cuestiones de discapacidad, y se reconoce como derecho gratuito para todos los individuos, subrayó.
Destacó que la Ley mantiene el espíritu de la reforma constitucional, al ampliar el universo de los sujetos obligados que deben garantizar ese derecho, introduciendo nuevas entidades como son: partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos.
Actualmente, los órganos fiscalizadores a nivel federal y local tienen la encomienda de evaluar, controlar y revisar la gestión pública, a fin de mejorar la construcción de la confianza en la ciudadanía respecto al manejo de los recursos del Estado y fortalecer una cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas.
En tanto, como órgano dotado de autonomía técnica y de gestión, la Auditoría Superior de la Federación tiene encomendada la fiscalización de la Cuenta Pública, mediante auditorías que se efectúan a los Poderes de la Unión y a todo ente que ejerce recursos públicos, incluyendo a los particulares.
Asimismo, Madrid Tovilla dijo que la Cámara de Diputados cuenta con su propia Contraloría Interna, encargada de practicar auditorías, revisiones, investigaciones y verificaciones; recibir quejas y denuncias; así como de aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas.
Con la nueva legislación general en materia de transparencia, las instituciones antes señaladas, en su calidad de sujetos obligados, deben documentar los actos que deriven del ejercicio de sus funciones.
De igual forma deben cumplir con diversas obligaciones, orientadas a presionar sobre la transparencia y rendición de cuentas que prevé el nuevo ordenamiento, entre las que destacan: constituir un Comité y Unidades de Transparencia, con capacitación continúa de su personal, conformar y actualizar sus sistemas de archivo y gestión documental.
También, publicar, a través de medios electrónicos, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos, así como los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados, proteger y resguardar la información reservada o confidencial, difundir de manera proactiva la información de interés público y publicar los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado, así como de las aclaraciones que correspondan.
Con los cambios que obliga la ley, los órganos fiscalizadores requieren redoblar esfuerzos para hacer realidad el derecho a la información, y la obligatoriedad a transparentar los recursos públicos, a fin de abrir una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas, anotó.
Hoy más que nunca el gobierno y la sociedad mexicana deben encaminarse hacia un paradigma del Gobierno Abierto, en donde ambos colaboren de manera armónica en la construcción de un mejor país, concluyó Arely Madrid Tovilla. / Cosme Vázquez /ASICh
