En tiempos de austeridad, recortes y recursos escasos, no se puede seguir gastando en propaganda gubernamental que no cumpla con su objeto de informar, sostuvo el Senador de Chiapas
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, participó en las mesas de trabajo del Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política, organizado por el TEPJF, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el INE.
Al ser parte de la Mesa 5: “Propaganda institucional y neutralidad gubernamental”, Robledo sostuvo que la práctica de varios servidores públicos de todos los niveles de gobierno es utilizar la obligación que tienen de informar como pretexto para promocionar indebidamente su imagen.
Esta práctica inconstitucional implica, dijo, la utilización de recursos públicos con fines de propaganda personal y, o electoral; pero también provoca que se pervierta, en perjuicio de la democracia, un instrumento que lo que busca es que la sociedad esté mejor informada sobre el desempeño gubernamental.
Tal como lo declaró Lorenzo Córdova Vianello en su artículo “La precaria eficacia del artículo 134”, publicado el 24 de enero de 2014, en el Universal: Es difícil “… entender la lógica de la figura de la propaganda gubernamental en un contexto democrático. Creo que erogar recursos públicos en promocionar las acciones gubernamentales es un gasto absurdo y que, en todo caso debería ser la pertinencia y el impacto de dichas acciones elemento suficiente para promover, en su caso, las gestiones de los gobiernos.”
El legislador chiapaneco consideró que en tiempos de austeridad, recortes y recursos escasos, no se puede seguir gastando recursos en propaganda gubernamental que no cumpla con su objeto de informar. Es por ello que la publicidad oficial debe concentrarse en atender la necesidad ciudadana de proporcionar información como mecanismo para la toma de decisiones, alimentando con certeza el debate público y las decisiones colectivas, y no en promocionar de manera indebida la imagen de servidores públicos.
“Para ello es indispensable contar con una Ley de Propaganda Gubernamental que garantice el ejercicio de derechos y no permita los abusos de la autoridad. Una Ley que regule la publicidad en todos los medios de comunicación, tal y como lo mandata el artículo 134 constitucional. Una Ley cuya efectividad no dependa de los procesos electorales, sino que por el contrario sirva para fortalecer dichos procesos.”
