Basta a la corrupción y venga mayor transparencia, así nos pronunciamos con hechos desde el Congreso del Estado de Chiapas, al haber aprobado Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Carlos Penagos Vargas.
Al dar a conocer el contenido de la ley, ante la prensa destacó que con la nueva ley se hará pagar los daños al servidor público que cometa actos de corrupción, además de que se vaya a la cárcel a cumplir una condena. Esto no se hacía antes, bien cometían el daño y luego salían libres.
Con la nueva legislación se rastreará en dónde guarda o invirtió los dineros públicos, hasta poder expropiarle propiedades de él o sus familiares, así como coludidos ya sea prestadores de servicios, contratistas o proveedores.
Señaló que con el objetivo de reforzar los procesos de control, fiscalización, auditoría y de vigilancia de todos los servidores públicos involucrados en el manejo y ejecución de recursos, la Sexagésima Sexta Legislatura impulsa la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción en el estado
El presidente de la JUCOPO fue enfático al precisar que el servicio público no debe ser oportunidad para el saqueo y los abusos; “con este sistema lo que pretendemos es devolver la dignidad, honor y confianza a la función pública”.
En el estado de Chiapas, el organismo contará con la integración del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. La Sociedad Civil Organizada (que conformará el Consejo de Participación Ciudadana), la Secretaría de la Contraloría General, el Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía de Combate a la Corrupción, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública, además del comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y los municipios a través de su representante.
Asimismo, en la misma conferencia de prensa Penagos Varga confirmó que la 66 Legislatura ha legislado para bajar al 50% las prerrogativas a los partidos políticos.
Expuso que en aras de sumar esfuerzos en materia de austeridad, se aprobó la reforma electoral, sin embargo se deja a criterio del Instututo de Elecciones y Participación Ciudadana si cumple o no la reducción de los recursos públicos destinados a los partidos políticos, lo cual se podrá concretar en un término de 60 días más.
“El monto de financiamiento de los partidos políticos se realizará conforme a las disposiciones hacendarias y presupuestales establecidas en la legislación aplicable”, puntualizó. / Luis Ruiz-Jesús Gómez/ASICh
