La propuesta impulsada por el Senador de Chiapas busca recabar 120 mil firmas para convertirse en Iniciativa Ciudadana de Ley
Organizaciones ciudadanas propusieron el pasado martes que la iniciativa #3de3 (propuesta planteada por el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas) se convierta en ley en todo el país, con lo que sería obligación jurídica para los servidores públicos dar a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, y que ya no sea sólo un tema de buena voluntad.
Entre sus puntos clave, la iniciativa “Ley 3de3” o propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que se dé seguimiento con auditorías a la información que proporcionen los funcionarios públicos, y “llevar un sistema público de registro y seguimiento tanto de la declaración de intereses como de la declaración patrimonial de los sujetos obligados”.
En caso de que se detecten irregularidades, como un incremento injustificado en el patrimonio, las autoridades competentes darían aviso al Ministerio Público, para que avance una investigación. Además se crearía una “lista negra de corruptos”, o Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados (RNSPS).
“El RNSPS será público, y será de consulta obligatoria para todas las dependencias, entidades y órganos de todos los Poderes, Órdenes de gobierno, y Órganos Autónomos del Estado Mexicano, así como de las empresas productivas del Estado, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona”, detalla el proyecto.
En otro de los apartados de la propuesta, se definen 10 conductas que serían consideradas como actos de corrupción: 1) el soborno, 2) el peculado o desvío de fondos públicos, 3) el tráfico de influencias, 4) el abuso de funciones, 5) el enriquecimiento oculto, 6) la obstrucción de la justicia, 7) la colusión, 8) la utilización ilegal de información falsa o confidencial, 9) el nepotismo y 10) la conspiración para cometer actos de corrupción.
Durante el proceso electoral de 2015, diferentes candidatos aceptaron participar en la iniciativa ciudadana #3de3, aunque de forma voluntaria. Ahora se busca que ese mecanismo de transparencia se obligatorio, al quedar establecido en “la Ley 3de3”.
Además la iniciativa incluye un capítulo enfocado en la integridad de las empresas, donde se delimitan responsabilidades administrativas a los empresarios que incurran en actos de corrupción.
“Con 120 mil firmas, esta propuesta se puede convertir en iniciativa ciudadana de Ley 3de3 para ser revisada por el Congreso de la Unión”, mencionan los ciudadanos, además de difundir el hashtag #YaFirméLey3de3 y la cuenta de Twitter @ley3de3.
“La Iniciativa ciudadana de Ley 3de3 permite canalizar el enojo social en un esfuerzo constructivo por forjar instituciones más sólidas y gobiernos más honestos y capaces”, agregan.
Al respecto, el legislador chiapaneco, único político invitado a la presentación de la iniciativa como un reconocimiento a su demostrado compromiso con la transparencia y la democracia, sostuvo que: “El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del Producto Nacional Bruto; el INEGI calcula que alcanza un monto de 347 mil millones de pesos al año; por tanto, es la corrupción uno de los principales problemas públicos en México y uno de los principales enemigos de la democracia a la que aspiramos”.
Cabe destacar que la propuesta consta de 100 artículos para regular la conducta de los servidores públicos y se trabajó desde mayo de 2015. Entre los expertos que participaron en ella están Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana; María Amparo Casar, investigadora del CIDE; Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas; José Octavio López, consejero de Causa en Común, y Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO). Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, se desempeñó como coordinador del proyecto.
