Diferir el debate de candidatos a gobernador sería lo correcto

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* Roberto Albores Gleason y José Antonio Aguilar Bodegas, están impedidos legalmente para representar a figuras jurídicas que ya no existen.
* Solamente Rutilio Escandón y Jesús Alejo Orantes, podrían acudir a dicho evento. 
La solicitud del partido Podemos Mover a Chiapas para diferir la celebración del primer debate de candidatos a la gubernatura de Chiapas, por lógica y por sentido común, debería ser aprobado por el consejo general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), luego de la resolución del TRIFE que echó abajo la Coalición “Todos por Chiapas” y la candidatura común “Chiapas al Frente”.
En ambos casos, los candidatos Roberto Albores Gleason y José Antonio Aguilar Bodegas, no representan a dichas figuras jurídicas, las cuales necesitan ser ratificadas por los órganos de gobierno, como lo establece la sentencia emitida por el pleno del Tribunal Federal Electoral.
Si bien es cierto que la propia resolución del TRIFE determina que quienes se encuentran en campaña podrán seguir adelante, ese apartado incluye a Rutilio Escandón Cadenas y a Jesús Alejo Orantes, quienes no tienen impedimento alguno para continuar con su campaña proselitista.
Pero en el caso de Albores Gleason, no se podría presentar al debate como candidato de la Coalición “Todos por Chiapas”, una vez que esa figura jurídica se vino a bajo por no cumplir con requisitos de legalidad y uniformidad; mientras que José Antonio Aguilar Bodegas, requiere de ratificación de las dirigencias nacionales de los 3 partidos políticos que impulsan su candidatura y mientras eso no ocurra tampoco tiene personalidad para asistir al debate en carácter de candidato de “Chiapas al Frente”.
De tal suerte entonces que si el IEPC decide continuar adelante con el debate lo deberá hacer únicamente con dos candidatos y el resto de aspirantes de ser convocados estarían usurpando candidaturas que no tienen el reconocimiento legal de acuerdo al resolutivo emitido por el TRIFE.
Por lógica, por sentido común y por un principio de equidad y de legalidad, lo correcto sería diferir el debate para después del martes que vence el plazo determinado por la resolución del TRIFE.

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