• Deben ser las instituciones de justicia y no el PAN o sus abogados, quienes determinen la culpabilidad de Padrés.
• Consideramos lamentable que la defensa del ex gobernador de Sonora sea victimizarse y presentarse ante la opinión pública como un perseguido político. Los corruptos deben acabar en la cárcel.
• Es claro que a Padrés se le cerraron todos los espacios para su fuga e intenta victimizarse con esta estrategia mediática orquestada desde las más altas esferas del panismo.
• La sociedad mexicana debe confiar en que habrá justicia, se incautarán los bienes a Guillermo Padrés y serán reintegrados a su legítimo propietario, que es el pueblo de Sonora.
El Partido Revolucionario Institucional exige a las instituciones de justicia de México, apliquen un castigo ejemplar al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
Deben ser las instituciones de justicia y no el PAN o sus abogados, quienes determinen la culpabilidad de Padrés.
Es lamentable que la defensa del ex gobernador de Sonora sea victimizarse y presentarse ante la opinión pública como un perseguido político. Los corruptos deben acabar en la cárcel.
Reprobamos que Padrés acuda ante las autoridades un año después de que concluyó su mandato en Sonora, solicitar decenas de amparos y luego de permanecer 40 días escondido por la orden de aprehensión en su contra.
Para el PRI, es claro que se le cerraron todos los espacios para su fuga e intenta victimizarse con esta estrategia mediática orquestada desde las más altas esferas del panismo.
Exhortamos respetuosamente a las autoridades federales, a que redoblen sus esfuerzos para la aplicación de las sanciones que correspondan al panista. No deben dejarse amedrentar por la actuación de sus abogados, quienes son encabezados por el ex Procurador General de la República panista, Antonio Lozano Gracia.
Hoy la sociedad mexicana debe confiar en que habrá justicia, se incautarán los bienes a Guillermo Padrés y serán reintegrados a su legítimo propietario, que es el pueblo de Sonora.
Confiamos en la PGR y en que su actuación es y será en el margen de la ley, alejada de revanchas políticas pero sí con todo rigor contra aquellos que fallaron a la confianza de los ciudadanos al cometer actos de corrupción.
