Tonalá, Chiapas.-Para los comerciantes en pequeño y para los empresarios la ciudad de Arriaga se está convirtiendo en un pueblo sin ley o pueblo fantasma porque varios establecimientos han cerrado ante las olas de asaltos y asesinatos que se han presentado de manera constante.
Desde la llegada del Fiscal de distrito, Pablo Liévano la inseguridad se ha venido incrementando, debido a la falta de capacidad de este mal representante de la ley en este distrito, sostienen los manifestantes.
Para los empresarios, este no solo es trabajo del alcalde Alejandro Patrinos, sino también de la Fiscalía de este distrito, pero tal parece que a este fiscal no le importa nada o ve de manera natural y normal las olas de asaltos y asesinatos que se han registrado.
Los comerciantes aseguran que este fiscal ya debió de haber sido destituido, no se explican por qué esta aún en esta región si su trabajo desde que vino ha sido de cero resultados, y solo se la ha pasado en cerrar bares y cantinas de los municipios a los que está adscrito.
Anotan que la delincuencia ha ido en aumento y los asesinatos están a la orden del día, ante esta situación existe gran preocupación que muchos están optando por cerrar sus negocios, no hay operativos, solo alcoholímetros como si eso dejara más ganancias, externan. Sin embargo, en casos de homicidios culposos por hechos de tránsito argumentan que no sirven los alcoholímetros, por lo que dejan en libertad a los responsables, al diagnosticarlos solo con aliento alcohólico cuando hay evidencia que iban ahogados de bolos, tal es el caso del doble homicidio de padre e hija en
Tonalá el primero de julio pasado.
La sociedad espera que pronto venga el fiscal general Raciel López Salazar, para exigirle la destitución del fiscal regional porque su trabajo ha sido gris, reconocido como un bueno para nada.
Pablo Liévano debe de ser destituido antes que se convierta Arriaga aún más en un pueblo de sicarios, concluyeron. / Pablo Villarreal/ASICh
