Con este acto inicia el proceso de reparación del daño en favor de víctimas que fueron vulnerados sus derechos humanos el 7 de abril y 4 de julio de 2010
Sólo las sociedades dispuestas a respetar la Ley garantizan la convivencia y el desarrollo armónico, destacó el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián
Tuxtla Gutiérrez.- En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 64/2011 y 11/2013, el Gobierno de Chiapas realizó un acto de disculpa pública a las víctimas de los hechos ocurridos el 7 de abril y 4 de julio de 2010, cuando fueron vulnerados sus derechos humanos.
Acompañado del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián y en representación del Gobernador Manuel Velasco Coello, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, atestiguó la firma de un acuerdo de solución amistosa con el que se da inicio al proceso de reparación del daño en favor de las víctimas:
Francisco Javier Jiménez Pablo, Elvia Pérez Balboa, Juan Jiménez López, Tereso Morales Roblero, Daniel Vázquez Mendoza, Luis Alpuche Reyes, Juan López Roblero, Simón Jiménez López, Francisco Aguilar Gómez, Everneo Velázquez Agustín, Miguel Luna Hernández, Marbel Zunún López, Priscilo Morales Morales, Francisco Luna Hernández, Pedro Raymundo Silva, Darinel Roblero Bartolón, Eliezer Hernández Luna, Roberto Ramírez Roblero, Calixto Roblero Roblero, Arturo Jiménez Mendoza, Santos Salas Vázquez, Hipólito Ramírez de León, Miguel Jiménez Pérez, Miguel Ángel Roblero Roblero y Emmanuel Pérez Morales.
En su intervención, Roberto Campa destacó que este evento es una valiosa oportunidad para fortalecer el compromiso con la legalidad, ya que nadie tiene razón cuando se transgrede el derecho de los demás y sólo las sociedades dispuestas a vivir en el respeto a la Ley garantizan la convivencia y el desarrollo armónico.
El funcionario resaltó que el Gobierno Federal y en particular la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, trabaja todos los días en coordinación con defensoras y defensores en la promoción y respeto de los derechos humanos de las personas vulnerables.
Por su parte, Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisó que en un estado democrático, apegado a la legalidad, es necesario encontrar un equilibrio entre el legítimo ejercicio de las autoridades y el respeto a los derechos fundamentales de las personas, una condición fundamental para la convivencia pacífica y el fortalecimiento institucional basado en el marco del respeto.
En representación de las víctimas, el dirigente del MOCRI-CNPA-MN, Francisco Jiménez Pablo, resaltó que a través del diálogo constructivo que esta organización inició con la actual administración es lo que ha permitido seguir avanzando hasta llegar hasta este momento donde inicia el proceso de reparación de daños por los hechos ocurridos en 2010.
Finalmente, el Secretario General de Gobierno pronunció la disculpa pública y refrendó la solidaridad del Gobierno del Estado a las víctimas por los agravios padecidos durante ese tiempo y reiteró que seguirá trabajando con el Gobierno de la República para fortalecer la justicia, ampliar los mecanismos de protección y, sobre todo, en la creación de una nueva cultura de respeto a los derechos humanos.
A este acto asistió el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas; el Titular de la Unidad de ética y Derechos Humanos de la PGR, Juan Pablo Pampillo Baliño; el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz; el Visitador General Especializado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Ramón Cancino Crocker; la Subprocuradora General de Justicia del estado, María Susana Palacios García; el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Ernesto Molina Ramos, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Vicente Pérez Cruz y el representante legal de las víctimas, Leonel Rivero Rodríguez, así como dirigentes de organizaciones sociales y funcionarios federales y estatales.
