No ahorcar al pueblo y ajustarse el cinturón el propio gobierno, propone CCE en Chiapas

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Las organizaciones que conforman el Concejo Coordinador Empresarial del estado de Chiapas, que preside David Zamora Rincón, señalaron la falta de aplicación del estado de derecho, la transparencia y rendición de cuentas, la reactivación económica, pago de adeudos, la no ejecución de ordenes de aprehensión y el desalojo de propiedades invadidas, que se dan actualmente por el gobierno.

En tanto, propusieron al gobernador del estado la firma de un nuevo Pacto por Chiapas que permitan revertir la situación por la que atraviesa el estado. Un nuevo Pacto por Chiapas debe hacer frente a los desafíos que presentan las condiciones sociales y económicas actuales de Chiapas.

Zamora Rincón dijo que a seis meses de las insistencias, ante las autoridades hoy manifestamos que la situación económica en Chiapas se ha agravado por la disminución de la aproximadamente 5,200 millones de pesos del presupuesto de egresos 2017 del estado.

Ahora con el aumento de las gasolinas, gas y energía eléctrica, nos manifestamos y nos solidarizamos con la inconformidad por estos aumentos.

Durante la campaña electoral, el hoy presidente de la República realizó 266 compromisos que en caso de ser electo presidente impulsaría dicha reforma para disminuir las tarifas eléctricas en beneficio de la población y de la industria, pero ahora la realidad dista mucho de esa promesa, subrayaron.

En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial protesta por la inconformidad por la aplicación del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), al incremento a los precios de las gasolinas y la energía eléctrica que esta impactando a toda la población en las diferentes clases sociales.

Asimismo, como alternativa de solución plantearon la eliminación de los 200 diputados federales y 32 senadores plurinominales, modificar la Constitución de Chiapas para eliminar los 16 Diputados plurinominales, los regidores plurinominales de los 122 ayuntamientos, reducir sueldos a magistrados del poder judicial, reducir el monto del 50% del subsidio a los partidos políticos nacionales y estatales.
Asi mismo, proponen eliminar todo tipo de bonos económicos y nóminas confidenciales de los tres niveles de gobierno.

En el ámbito Estatal, se oponen a la contratación de nueva deuda pública Estatal y municipal, la transparencia en el ejercicio de gasto y rendición de cuentas de los servidores públicos el combate frontal a la corrupción y la aplicación y restricto del Estado de derecho sin excepción alguna. / Orbelín Castro-Sergio Núñez /ASICh

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