No se puede privilegiar en el presupuesto federal 2018 a pagar la deuda externa con 500 mil millones de pesos, cuando la pobreza es la deuda principal del gobierno con los mexicanos, señala Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
En el marco de la definición del PEF 2018 por los diputados federales, entrevistado el Comisionado sostuvo que actualmente no solo persiste la pobreza en zonas indígenas, sino también cada vez más hay mayor inseguridad y de contaminación, por lo que se tiene que hacer un alto en el camino que se ha seguido tratando de sanear la deuda externa por encima de la deuda para superar la pobreza.
Aseguró que esta situación la hecho notar por escrito a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados. Todavía el viernes se reunieron junto con representantes de pueblos indígenas del país con los diputados integrantes de ambas comisiones, donde demandaron que el presupuesto indígena cuando menos sea similar al de 2017.
Destacó que el 21% de la población mexicana es reconocida como población indígena, en rango mayor oscila en alrededor de 12 millones de indígenas, pero el presupuesto solamente representa el 1.5% del total del presupuesto general.
En Chiapas hay muchas necesidades que deben ser atendidas en los municipios indígenas, con infraestructuras, carreteras, salud, educación, vivienda y otras.
No se puede privilegiar el pago de la deuda externa, por lo que quienes se dedican a la cuestión financiera tendrán que ver cómo revisan lo que están haciendo, porque no se puede castigar bajo ninguna circunstancia, los presupuestos indígenas y con ello a los que menos tienen.
Martínez Veloz expuso un conjunto de acciones que han generado las circunstancias en donde cada vez el Estado Mexicano tiene menos recursos para atender las grandes carencias que tiene el pueblo de México.
Al transferirse empresas que antes estaban en manos del Estado Mexicano a particulares no solamente se transfiere una actividad económica, sino también se transfiere el poder político, por lo que ahora no quieren pagar ni siquiera el impuesto predial. Esto ha dejado al Estado Mexicano con recursos más reducidos, en tanto todavía tiene que darles alta seguridad.
Asimismo, cada vez existe un mayor recorte al gasto social, de ahí que en el presupuesto 2017, por ejemplo, la CDI que coordina el trabajo institucional con las comunidades indígenas, sufrió un recorte de más del 51%, sin argumentos válidos ni criterios que pudieran justificarlo. / ASICh
