El Congreso del Estado de Chiapas tiene facultades para nombrar Concejos Municipales donde la gente está inconforme con quien resultó electo y no fue impugnado, a efectos de mantener de acoadyuvar a la gobernabilidad en la entidad, señaló José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados.
Reconoció que de acuerdo a la ley hay términos para impugar una elección, pero esto no quita la inconformidad social que hay en algunos municipios, donde la gente no está de acuerdo con quienes ya están despachando en los ayuntamientos.
La ciudadanía inconforme puede crear problemas, tal como ya se ha visto, porque considera que las elecciones de este año fueron a modo, para proteger ciertos intereses.
Puso de ejemplo el municipio de Oxchuc, donde la presidenta municipal, María Gloria Sánchez es esposa del ex presidente municipal Norberto Sántiz, y así hay otros municipios donde quedó como alcalde el hermano del saliente.
Ante una situación que altera el orden y hay un fondo jurídico donde se cometió un ilícito en materia electoral, debe de procederse por medio del Congreso del Estado a la designación de un Concejo para respetar la voluntad del pueblo, previa solicitud.
Blanco Urbina indicó que la 66 Legislatura del estado de Chiapas tiene una gran responsabilidad y deberá sujetarse a los lineamientos que señalan el reglamento del Congreso del Estado en cuanto a legislar en apego a los intereses de los chiapanecos y evitar legislar con dedicatorias.
Anotó que con las nuevas reformas que se promueven a nivel federal, en cuanto a la rendición de cuentas y en contra de la impunidad, los actuales diputados tendrán que legislar con fundamentos jurídicos en beneficio de Chipas y los chiapanecos.
Reconoció que en la entidad tenemos leyes, pero ha faltado su aplicación en los antecedentes de anteriores gobiernos estatales, por ejemplo el sexenio pasado donde al final se autorizaron millones de pesos que se desconocen a donde fueron a parar o dónde fueron aplicados. Por eso, la anterior Legislatura tenía que haber respondido ante la ley por haber aprobado esos recursos.
Sin embargo, con nuevas leyes que entrarán en vigor y otras que ya están vigentes en el país se espera que ese tipo de hechos no se vuelva a repetir.
La ley de transparencia federal, mandata como una obligación que los funcionarios o servidores públicos den a conocer sus bienes, para que al final sus posesiones sean acordes a lo que pudieron obtener están en el ejercicio, y por honorabilidad deben rendir cuentas todos los funcionarios.
Asimismo, anotó que los ayuntamientos recién entrados en funciones tendrán que ser cuidadosos en el actuar de sus funcionarios, porque la sociedad ya está cansada de que se enriquezcan con los recursos públicos, y es ahí donde los diputados deberán jugar el rol que les toca. / Cosme Vázquez /ASICh
