No obstante el exhorto del Senador de Chiapas para emitir un informe sobre las consideraciones sociales, económicas, geográficas y técnicas para su construcción, la explicación a los chiapanecos nunca llegó por parte del Gobierno Federal
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, lamentó la apertura y puesta en marcha del Cefereso Número 15 en Villa Comaltitlán, Chiapas, ya que nunca se le explicó a la ciudadanía en qué condiciones fue construido y cuáles son los beneficios reales para los chiapanecos.
Robledo recordó que en marzo de 2014 presentó una proposición con punto de acuerdo que exhortaba a diversas autoridades a informar al Senado de la República sobre las condiciones sociales y de seguridad, así como la pertinencia de la operación de dicho Centro Federal de Readaptación Social.
También presentó un iniciativa con Proyecto de Decreto que busca reformar el Artículo 6º de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Esta iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Lamentablemente, el dictamen aún sigue pendiente en dichas comisiones. Inclusive, Robledo sostuvo algunas reuniones con el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, quien se comprometió a revisar el caso, pero todo quedó en promesas.
“Desde que se conoció el proyecto, se generaron varias críticas por parte del gobierno estatal y la sociedad civil chiapaneca. Se ha señalado, entre otras cosas, que el Cefereso fue construido desobedeciendo las indicaciones de seguridad del terreno expedidas por Protección Civil, sin contar la manera arbitraria por parte del Gobierno Federal en la que decidió y ordenó, de manera discrecional, la construcción de dicho inmueble sin tomar en consideración la opinión del gobierno de la entidad, así como la de los habitantes de la zona. En este sentido, existieron varias manifestaciones en contra de la edificación del complejo, sin embargo los reclamos no fueron atendidos y se continuó con la obra.”
El estudio de impacto ambiental que la constructora presentó a la Semarnat advirtió este riesgo y la presencia de cuerpos de agua en el terreno. Además, de la probabilidad de que contingencias climatológicas se susciten representando un grave riesgo para la seguridad de los que se internen ahí, así como de los custodios y demás personal.
Las protestas de sectores sociales y productivos de las regiones Costa, Soconusco y Frontera Sur, así como del propio gobierno del Estado, obligaron a las autoridades federales a retrasar la puesta en operación del mismo y se hizo necesario que la Comisión Nacional de Seguridad y la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social emitieran un informe sobre las consideraciones sociales, económicas, geográficas y técnicas, a partir de las cuales se consideró pertinente la construcción. No obstante los exhortos del Senador de Chiapas, la explicación nunca llegó.
“La Frontera Sur ya está siendo afectada con una medida, como fue la homologación del IVA al 16 por ciento. Una medida que nosotros en Chiapas consideramos injusta en términos sociales, no solamente económicos. En ese sentido, esto pareciera un embate más a ésta de por sí vapuleada frontera. A un estado que su vocación es turística-ambiental, no carcelaria.”
