José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, AC hizo un llamado a las nuevas autoridades de los municipios fronterizos, sobre todo a los ubicados en los 654 kilómetros de frontera con Guatemala, para garantizar los derechos humanos a los ciudadanos migrantes.
Anotó que por los municipios fronterizos ingresa un gran número de ciudadanos de países de Centroamérica, de los cuales muchos se establecen ahí creando centros de población y cinturones de miseria, que obliga a los ayuntamientos chiapanecos a proporcionarles servicios, ya que la Constitución establece que toda persona que ingresa a territorio de Chiapas se debe respetar sus de rechos humanos.
Indicó que la migración representa un doble reto para el ejercicio de las presidentas y presidentes municipales, porque se deberá incluir para los migrantes los servicios más elementales, como es salud, educación y vivienda. Tienen la obligación de cumplir con los acuerdos internacionales y la ley para proteger el derecho universal y hasta para generar empleos a esta gente.
Indicó que el tema de migración es complejo, porque aunque entren de manera ilegal al pisar territorio chiapaneco adquieren derechos, los mismos que tienen los ciudadanos nacidos en el estado, lo cual incrementa las obligaciones de esos ayuntamientos fronterizos.
Blanco Urbina apuntó que muchos migrantes se asientan en territorio chiapaneco, porque el propio INN ha establecido medidas que no permiten el libre tránsito hacia los Estados Unidos si no llevan documentos, por lo que no solo en Chiapas, sino en otros estados se quedan creando la situación que obliga a las autoridades locales proteger sus derechos.
Ante la difícil situación de no poder contener la migración no queda más que crear fuentes de trabajo desde los municipios fronterizos, a efecto que sean personas productivas, sin embargo solo ha quedado en proyecto el que se crearían industrias para entre otros fines contener el flujo migratorio.
Hasta ahora hay familias de migrantes que viven de los basureros en Tapachula y otros municipios que colindan con Guatemala, donde sus descendientes inclusive adquieren la nacionalidad y exigen derechos.
Anotó que dentro de las posibilidades de cada uno de los ayuntamientos fronterizos se debe buscar cómo emplear a esa mano de obra. Reconoció que muchas veces a esta gente se le ve con desconfianza, lo cual hace difícil darles empleos.
Asmimiso, muchas mujeres migrantes son explotadas sexualmente, inclusive hasta menores de edad, lo cual ya se ha visto en Tapachula, donde se da la explotación infantil. / Cosme Vázquez /ASICh
