El activista Jorge Castorena encabeza en Tuxtla Gutiérrez las brigadas que buscan transformar la indignación social, causada por la corrupción, en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos
En Chiapas ya está en marcha la recolección de firmas para impulsar la Iniciativa Ciudadana #Ley3de3 que busca prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
Los trabajos de información y recolección de firmas en espacios públicos (como parques y plazas) están siendo encabezados por representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y la iniciativa privada.
En el caso de Tuxtla Gutiérrez, es el activista Jorge Castorena, exdirigente en Chiapas del Movimiento #132 y excandidato externo a diputado federal por Movimiento Ciudadano, quien coordina las brigadas en compañía de un entusiasta grupo de jóvenes.
Castorena explicó que se busca recolectar 120 mil firmas para que la iniciativa se presente al Congreso de la Unión y pueda convertirse en la Ley General de Responsabilidades Administrativas: “Chiapas ha demostrado, en otros ejercicios similares, una amplia participación”.
En entrevista, el activista ciudadano señaló que la campaña #3de3 significa un intento más para democratizar el país: “Ante el avasallamiento de una clase política que no encuentra límites en la forma de enriquecerse, esta es una forma es que la ciudadanía puede encontrar su voz”.
Abundó que es un mecanismo para empoderar a los ciudadanos, y el apoyo que la gente ha dado con su firma es una clara muestra de la necesidad que tiene la población de ser escuchada y de la urgencia de que sea tomada en cuenta.
“Es un acierto que los representantes populares escuchen este clamor popular y que se pongan del lado de los ciudadanos. Ahora nos toca a los ciudadanos participar y exigir, por lo que invito a todos en general, sin importar la preferencia partidaria, a firmar la iniciativa que, con el apoyo de todos, será la ley que el país tanto necesita.”
La iniciativa de #Ley3de3 propone establecer como una obligación que los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y el presidente de la República presenten por ley tres documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal.
“Esta iniciativa ciudadana busca transformar la indignación social, causada por la corrupción, en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos. El objetivo es que México consolide una estructura institucional que brinde confianza y certeza jurídica.”
Cabe señalar que este esfuerzo colectivo, complementario al Sistema Nacional Anticorrupción, es respaldado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
