El empresario Rafael Castillejos Guizar, apoderado legal de Grupo Constructor Inmobiliario de México, SA de CV; Mauricio Gándara Gallardo, director general de GTR Consultores, SC, y el ambientalista Héctor Montesinos, denunciaron actos de corrupción, peculado, ejercicio indebido de funciones, abusos y los que resulten, cometidos por el presidente municipal de Tuxtla Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Castillejos Guizar sostuvo que por esos delitos el alcalde está demandado ante la Fiscalía General del Estado desde diciembre de 2017, pero hasta el momento no ha procedido la autoridad en su contra. Tampoco lo ha hecho el titular del Organo de Fiscalización Superior, por los daños y perjuicios que ha cometido el edil a la Hacienda Pública Municipal, a pesar de que hizo la denuncia en enero de este año.
En conferencia de prensa en conjunto, el empresario sustentó sus acusaciones con la factura número 834 de fecha 23 de diciembre de 2015 y la número 1577 de fecha 18 de diciembre de 2017, expedida por José Gómez Bustamante en las cuales consta la compra que hace la empresa que representa de un elevador, modelo MD30, serie número XMX46018UR, hidráulico para seis personas, etc, el cual está instalado y funcionando en la alcaldía tuxtleca.
Sin embargo, el alcalde no les pagó y sacó el recurso de un millón 379 mil 652.96 pesos a nombre de la empresa Equipate Comercializadora, según consta en la factura número 1529 de fecha 11 de agosto de 2017. El pago se hizo con cheque de Banorte, número 0000090 de la cuenta número 0485926680.
Anotó que Grupo Constructor Inmobiliario de México Sa de CV, además de instalar el elevador, rehabilitó el cubo de elevador, desmanteló y demolió estructura de albañilería, puso acabados, cancelería de aluminio e instalación eléctrica en las oficinas del Ayuntamiento, por la cantidad de un millón 998 mil 585 pesos.
También, la rehabilitación y reacondicionamiento de espacios para las oficinas del Ayuntamiento, por la cantidad de cuatro millones 101 mil 129.31 pesos. Los trabajos se iniciaron el 14 de diciembre de 2015 y se entregaron al 100% el 20 de octubre de 2017.
Estos hechos, inclusive han sido expuestos a las consejeras y consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, a efecto que tomen nota de la persona de Fernando Castellanos Cal y Mayor que posiblemente ocupará una candidatura en el proceso electoral 2017-2018.
Inclusive, han recurrido al Poder Judicial está la demanda, en donde la Síndico Guadalupe Rodríguez Ozuna ya se presentó y en testimonial negó que el elevador sea propiedad del Grupo Constructor Inmobiliario de México SA de CV. Ahí se han inconformado en la Sala del Poder Judicial, porque la síndico llegó diez minutos tarde a la confesional y así la aceptaron.
Mauricio Gándara Gallardo señaló en el tema Proactiva y GPR Consultores SC, quien dice defiende los intereses de los tuxtlecos, notan que el alcalde causa daño patrimonial al pueblo de Tuxtla. Esto lo observaron en agosto de 2017 cuando el alcalde hizo la convocatoria, para dejar sin efectos el contenido del trigésimo punto del orden del día del acta 133, correspondiente a la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 16 de noviembre de 2010. De haberlo hecho habría caído en juicio de lesividad.
Dijo que la secretaria general del Ayuntamiento, Gloria Luna Madga Jan está en la misma posición de que se termine perdiendo el asunto con Proactiva y sea el pueblo de Tuxtla el que pague los 300 millones de pesos. Por eso no contestó una demanda por 105 millones de pesos. Llegó nueve días tarde ante el Tribunal.
En tanto, la empresa Enlace Empresarial del Sureste, con un descendiente de la secretaria general facturaba 185 mil 600 pesos mensuales por prestación de servicios profesionales y asesoría legal, específicamente para atender asuntos laborales y negociar laudos perdidos.
Inclusive, Madga Jan se reunió con representantes de Proactiva para negociar pagos en lo oscurito, lo que derivó en la crisis de basura en las calles en las semanas pasadas.
Desde su punto de vista, estos funcionarios y otros están en la misma ruta para que el pueblo de Tuxtla pague por la demanda millonaria, por lo que se niegan a contratar los servicios de GTR Consultores, quien asegura han llevado la defensa jurídica fuerte para la defensa de los tuxtlecos y no a la administración municipal.
A su vez, Héctor Montesinos, quien ha luchado por 11 años por el tema de la contaminación ambiental que provoca Proactiva, sostuvo que las autoridades municipales apoyan a esta empresa que se dedica a la recolección y tratamiento de la basura, buscando ahora hasta perder los juicios para que se le pague, quizás a valores entendidos donde lleven fuerte tajada económica.
Todo lo que ha visto le permite para que en los próximos días presente una denuncia formal en contra de Fernando Castellanos, el secretario de Servicios Municipales, Ahmed Jamil Gómez Choel y el secretario de Medio Ambiente Municipal, Alejandro Mendoza Castañeda, por las condiciones de poner en riesgo la salud de los tuxtlecos. ASICh
