*.- La delegada de transporte les dijo que no está facultada para autorizarlo.
*.- Les dijo también que ni una sola debe seguir rentando el servicio de transporte.
CINTALAPA, CHIAPAS.- Luego de que la mañana de este lunes, personal de la secretara de transporte sacara de circulación cuatro moto-taxis adheridos a la “unión” por rentar el servicio de forma pirata, dado que el amparo que les permitía hacerlo, un juez federal determinó que ya no tenía validez.
En ese sentido, la mañana de este martes, el líder de la “Union”, Guillermo Velázquez Mendoza y un grupo de personas se entrevistaron con Lesdy Guadalupe Gómez Santos, -delegada de trasporte en esta región-, para pedirle prórroga para que pudieran seguir trabajando, bajo el argumento que el jurídico de ellos les aseguraba que a él, el juzgado no le había notificado nada y en ese sentido, les decía que el amparo aún continuaba vigente, pero los hechos confirmaron lo contrario.
“Velázquez Mendoza y su gente, querían saber la razón por la que sus unidades habían sido detenidas, yo le dije que mediante un oficio que fue dirigido a mi persona por parte de la Secretaria de Transporte, me manifestaba que el amparo 33/2016, le había caído un recurso de revisión, 50/2017, y que estaba sobreseído, por lo que las unidades ya tienen que ser detenidas bajo el concepto de irregulares”.
Al saber las razones, las personas dijeron que buscarán una audiencia con el jurídico de la mencionada secretaria, ya que ellos aún creen que el amparo sigue vigente, y buscarán la forma de seguir trabajando.
“De vital importancia hubiese sido que nos hubiera acompañado a la reunión el jurídico de la “Union”, pero ignoro las razones que tuvo para no asistir, ya que no se vale que quiera seguir engañado a sus clientes, y de igual forma les pido que dejen de trabajar, ya que los operativo se seguirán realizando y si las unidades son sorprendidas, serán sacadas de circulación”, dijo la delegada.
Comentó la funcionaria que los otrosgrupos de moto-taxis amparados denominados “sección 7” y “Los Tucanes” aún continúan rentando el servicio, y los que decidieron sacar sus unidades después de que les fueron recogidas dos, es un grupo llamado “Selva Verde”, ya que dijeron que seguirían con los trámites ante la secretaria de transporte.
EL TRANSPORTE ORGANIZADO OPINA.
Por su parte, Julio Moreno Fernández, en su carácter de asesor jurídico de un grupo de taxistas de este valle de Figueroa dijo que se pudieron apersonar dentro del amparo 33/2016, radicado el juzgado quinto de distrito en Tuxtla Gutiérrez, para combatir lo que ellos solicitaron en materia de transporte y tras el paso de varios meses se logró que el juez de distrito les negara el amparo.
“Dejamos en claro que no vamos a permitir que sigan trabajando de forma pirata, los señores ya tuvieron la oportunidad de hacerlo mediante una suspensión provisional mientras el juez determinaba la situación jurídica, les fue negado y en ese sentido, nada tienen que salir hacer a las calles para prestar el servicio de transporte que legalmente le corresponde al sector que sí cuenta con una concesión para poder hacerlo”.
Mencionar que el supuesto permiso que el grupo de la “Union” presentó ante el juez de distrito, ya fue objetado y calificado de falso, por lo tanto no pueden volver a ampararse.
Al hacer uso de la palabra, Carlos Montes Zambrano (transportista local) dijo que el permiso que el grupo de la “union” manipuló, lo clonaron de un documento oficial que salió para un mototaxi en el municipio de Chiapa de Corzo, específicamente en el ejido “Julián Grajales” a nombre de una mujer, y ellos con ese documento apócrifo ampararon 250 unidades de tres llantas, las mismas que hoy, ya no puede salir a las calles a quitarnos el trabajo que es nuestro.
En tanto, Rafael Ángel, (otro concesionado) dijo que ellos esperaron los tiempos para que se descubriera que el supuesto permiso era falso, y hora que ya se sabe, le pedimos a Guillermo Mendoza que respete lo que le está marcando la ley, que deje de engañar a la gente, que entienda que ya perdieron y que se retire de buena manera para que no se llegue a una confrontación con los concesionados, ya que la ley se tiene que respetar y acatar. / MARCOS RAMOS
