Los programas de infraestructura son prioritarios para una educación más incluyente, por lo que deben ser considerados inversión de Estado y no gasto público, sostuvo el Senador de Chiapas
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar los recortes presupuestales anunciados en materia educativa para no afectar los programas de infraestructura que son prioritarios para una educación más incluyente.
A través de un punto de acuerdo, el legislador chiapaneco también llamó a la Secretaría de Educación Pública a defender la inversión de los programas de infraestructura educativa, ante los inminentes recortes presupuestales.
Al fundamentar este exhorto, Robledo recordó que el 24 de junio pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, anunció un segundo recorte de 31 mil 714.8 millones de pesos al presupuesto del Gobierno federal debido al impacto que tendrá en los mercados internacionales la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).
Por lo que respecta a la SEP, apuntó, la reducción de recursos es de 6 mil 500 millones de pesos que se aplicarán en cinco de 15 programas prioritarios, entre los que destaca el programa para la inclusión y equidad educativa.
“Si bien es necesario comprender la necesidad de ajustar el presupuesto ante una crisis de escala mundial, también es necesario comprender que en cuestión de política interior nos encontramos en pleno debate sobre la reforma educativa”, advirtió el senador.
El parlamentario subrayó que uno de los mayores rezagos en nuestro país ha sido la exclusión social y educativa, por lo que es necesario tomar en cuenta que la implementación de las políticas públicas y programas institucionales son elementos que pueden considerarse como inversión de Estado y no gasto público.
“Por ello no se justifican los recortes a los programas educativos cuando es necesario invertir mayores recursos en políticas sociales destinadas a la población que se encuentra con altos índices de pobreza y con diferentes limitaciones que los separa de los servicios educativos”, expresó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente para su análisis y discusión.
